Sagunto y la reconversión siderúrgica

LA DRAMÁTICA situación por la que atraviesan los trabajadores de Altos Hornos del Mediterráneo, amenazados con la pérdida de su puesto de trabajo, y los propietarios y empleados de empresas de servicios de Sagunto, dependientes de la capacidad adquisitiva de los eventuales despedidos, exigen no sólo la comprensión humana de la opinión pública, sino también eficaces actuaciones del Gobierno para promover empleos alternativos. Los saguntinos que se manifestaron ayer en Madrid merecen respeto -actitud que no puede hacerse extensiva a las expresiones de violencia-, pero también solidaridad. Es cierto que el seguro de desempleo puede aliviar los sinsabores de los perjudicados por el desmantelamiento parcial de la cabecera de Altos Hornos del Mediterráneo. Sin embargo, resulta inexcusable que el Gobierno intente favorecer, a medio plazo, la creación en la zona de otras fuentes de trabajo. En este sentido se puede interpretar la creación, en el Consejo de Ministros de ayer, de una comisión, presidida por el ministro de Industria, encargada del estudio y propuesta de las medidas de actuación tendentes a contrarrestar el impacto que sobre la comarca de Sagunto puedan tener las medidas de reconversión.Ahora bien, sería inadmisible que los líderes políticos y sindicales que admiten, en público o en privado, la inevitabilidad de la reconversión industrial y la inviabilidad de Altos Hornos del Mediterráneo retrocedieran, por electoralismo o demagogia, a la hora de extraer las conclusiones lógicas de tales planteamientos. La insensata doctrina de que las empresas estatales nunca pueden tener pérdidas ni deben regirse por los beneficios, dado que son sufragadas por subvenciones públicas a fondo perdido, llevaría al absurdo resultado de que las asignaciones presupuestarias para pagar a los trabajadores empleados en empresas deficitarias llegaran a devorar todos los recursos del Estado. Nuestra economía, inmersa en el mercado mundial y sometida a la dura concurrencia de otros países, entraría rápidamente en la suspensión de pagos o la quiebra colectiva si se empeñara en continuar produciendo mercancías a mayores costes y con menor productividad que sus competidores.

Entre 1974 y 1982 se han perdido en nuestro país 664.000 puestos de trabajo, y la aportación de la industria española al PIB ha descendido desde el 32,3% hasta el 26,8%. Esta decadencia ha sido producida por un conjunto de causas concurrentes: elevación de los precios del petróleo, con especial significado en un país con una enorme dependencia energética; subidas salariales superiores a las de los países competidores; alto coste del dinero para unas empresas con dotación exigua de capital y muy supeditadas al crédito; mayor competencia internacional de los nuevos países industrializados. A esta lista de dificultades se añade el hecho de que algunos sectores gravemente afectados por la crisis -siderurgia, naval, textil, calzado- tienen en España una importancia relativa superior a la de otros países de la OCDE.

Hasta ahora, la pérdida de puestos de trabajo en nuestra industria española había castigado sobre todo al sector privado. Las empresas públicas, a pesar de su concentración de subsectores con graves dificultades, habían mantenido intactas sus plantillas, con niveles de remuneración relativamente elevados gracias a las aportaciones a fondo perdido de los presupuestos del Estado. Según fuentes del Ministerio de Hacienda, las pérdidas de 15 empresas nacionales representan una cuarta parte del déficit total del sector público previsto para este año. Ahora bien, reconstruir la capacidad financiera de las empresas públicas o privadas, a fin de que puedan valerse por sí mismas y competir en los mercados internacionales, es un requisito ineludible de cualquier política económica de supervivencia.

Tarde o temprano había que asumir los riesgos de corregir estas anomalías, tarea ante la que los sucesivos Gobiernos de UCD retrocedieron cobardemente. Altos Hornos del Mediterráneo ha tenido la desgracia de ser la primera víctima de este doloroso proceso. En los años finales del auge de la economía internacional se programó la reconversión de las viejas instalaciones de Sagunto en una moderna planta siderúrgica capaz de competir con las francesas e italianas localizadas a orillas del Mediterráneo. El tren de laminación en frío que se instaló en Sagunto fue el más moderno de Europa. Sin embargo, la viabilidad de la planta exigía la sustitución de sus hornos altos de cabecera y la instalación de un tren de bandas en caliente. Fue entonces cuando llegó la crisis y la tremenda disminución del consumo mundial de productos siderúrgicos. Los 130 millones de toneladas de la industria estadounidense han bajado a 65 millones; sólo durante el año pasado, el conjunto de los países industriales redujo su capacidad de producción siderúrgica en casi un 30%. Aunque no tenga que ver directamente con la siderurgia integral, conviene recordar, por significativa, la reciente decisión norteamericana de imponer nuevos cupos a las importaciones de aceros especiales de origen europeo, a las españolas entre ellas. En estas condiciones generales, la ampliación de Sagunto y la no amortización de sus hornos altos obsoletos equivaldría a renunciar a una utilización racional de los recursos nacionales. La historia de Altos Hornos del Mediterráneo puede servir para lamentar errores y aprender de ellos, pero no para reincidir en soluciones equivocadas.

El razonamiento es tan evidente que los críticos del ministro de Industria comienzan a replegarse a la trinchera defensiva de reconocer en abstracto la necesidad de la reconversión para acumular, a renglón seguido, los casuismos de fondo y de forma, a fin de descalificar en concreto la reconversión de Altos Hornos del Mediterráneo y proteger el estado actual de la siderurgia integral y de todos los sectores industriales irremisiblemente deficitarios que se alimentan de las subvenciones estatales. Como si se tratase de un experimento de laboratorio, esos críticos reclaman condiciones y requisitos ideales, de imposible cumplimiento en la práctica, para emprender el camino de la reforma mediante la acción legislativa y gubernamental. En esa línea de argumentación se inscriben los agravios comparativos, que pretenden condicionar cualquier medida reestructuradora específica a la adopción de decisiones análogas simultáneas en todos los ámbitos que requieran reconversión.

Por supuesto que el saneamiento de la Administración y de las empresas estatales, a fin de acabar con la ineficacia y la incompetencia, o con la corrupción y el despilfarro, es un objetivo que el Gobierno debe perseguir de manera consecuente a lo largo de esta legislatura. En la perspectiva temporal que pueda divisarse desde 1986, resultaría intolerable que los trabajadores de Sagunto hubieran sido las únicas víctimas de la política de reconversión y de austeridad, en tanto que el ministro de Transportes se dedicaba a elevar los salarios de la Renfe o las empresas del INI continuaban siendo piedra de escándalo por su derroche e incompetencia. Pero la pretensión de que la reconversión de la siderurgia integral tuviera que aguardar a que la política de saneamiento se extendiera simultáneamente a todos los ámbitos de la vida española sería, a la vez, un acto de demagogia y un truco para ganar tiempo. Por algún sitio hay que empezar, y de nada vale aplazar hasta la consumación de los tiempos la adopción de una medida insoslayable que, como sucede con Altos Hornos del Mediterráneo, se halla plenamente justificada no sólo por las pérdidas acumuladas, sino también por las sombrías perspectivas de futuro.

El Gobierno se ha comprometido a sanear la industria siderúrgica, y Sagunto es la primera pieza de esta estrategia. Volverse atrás en la decisión hubiera equivalido a socavar la credibilidad de la política económica socialista en un momento en que arrecia la competencia internacional y se corre el riesgo de soportar una especulación contra nuestra moneda. El Consejo de Ministros aprobó ayer una propuesta de real decreto sobre la siderurgia integral que, de forma casi definitiva, deja a los saguntinos sin el tren de bandas en caliente durante los próximos 10 o 12 años. La disposición autoriza también una serie de inversiones en las tres siderurgias integrales españolas, orientadas a modernizar Ensidesa y Altos Hornos de Vizcaya y a modificar, sin ningún tipo de especificación ulterior, Altos Hornos del Mediterráneo. Carlos Solchaga explicó posteriormente que el dinero que se destinará a este fin se cifra en torno a los 575.000 millones de pesetas, de los cuales 260.000 millones se destinarán a inversión.

Pese a ello, parte de las instalaciones de Altos Hornos del Mediterráneo quedarán clausuradas y muchos trabajadores se verán obligados a buscar un nuevo empleo después de pasar por el tránsito del subsidio de paro. Ahora bien, esa medida no implica ni el fin de Altos Hornos del Mediterráneo ni la condena de la industria siderúrgica en España. El caso Sagunto es, sencillamente, una medida impopular y dolorosa que el Gobierno de Felipe González no tiene más remedio que adoptar con vistas a la reconversión y puesta en viabilidad del sector siderúrgico, necesitado de una cuidadosa selección de las medidas. Las iniciativas concretas sobre inversiones siderúrgicas -trenes de bandas en caliente, concretamente- deberán estar orientadas a conseguir una industria competitiva en el mercado internacional. El sacrificio de Sagunto es incompatible con los eventuales agravios comparativos que pudieran crearse por culpa de inversiones cuestionables en otras plantas siderúrgicas dictadas por razones políticas o administrativas. Y la medida concreta adoptada en Altos Hornos del Mediterráneo no puede ser sino el principio de una reducción, ya inaplazable, del agobiante déficit del sector público español.